PARAGUAY NO CONTESTA EXHORTO EN LA QUERELLA PLANTEADA EN ARGENTINA CONTRA TORTURADORES DE LA DICTADURA STRONISTA. (JURISDICCIÓN UNIVERSAL)

Organismo de derechos humanos de la ONU tratará caso paraguayo este mes.

Asunción, IP.- El pasado 19 de agosto, familiares de víctimas de desaparición forzada en Paraguay, presentaron denuncia contra victimarios de la dictadura de Alfredo Stroessner ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Gtdfi), dependiente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. El Gtdfi someterá la denuncia al siguiente periodo de sesiones del 15 al 19 de septiembre, en Ginebra, para su análisis.

En el marco de la querella planteada en Argentina contra torturadores de la dictadura stronista, y pasado el plazo procesal, ante la falta de respuesta del Paraguay al exhorto, el abogado querellante presentó el pasado 6 de agosto, al cumplirse un año de la fecha de presentación de la querella, una petición al juzgado para instar la instrucción de la causa penal.

En el mismo escrito se procede a identificar a 18 responsables directos, identificados por las propias víctimas que se personan en la presente querella, determinados como responsables por la Comisión Verdad y Justicia (CVJ), y que se encuentran vivos y residiendo actualmente en libertad, identificando sus domicilios en el caso en que ha sido posible determinar, para concretar querella criminal contra ellos.

La Querella

El 6 de agosto de 2013, bajo patrocinio de los abogados  Aitor  Martínez Jiménez y Juan Maida, se presentó  ante los Tribunales Federales de Argentina querella criminal, en ejercicio del principio de Jurisdicción Universal, en los términos del artículo 82 y ss. del Código Procesal Penal, por los delitos de Genocidio y/o de lesa humanidad contra victimarios de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Con motivo de esta querella, se abrió la causa 7300/2013 a cargo del Juzgado Federal nº 5 de Argentina. El pasado 8 de abril se ampliaron los hechos, al presentarse la Federación Nativa Aché del Paraguay como querellante por los delitos de genocidio/lesa humanidad cometidos en Paraguay contra su comunidad.

Desde la presentación de la querella en agosto del 2013, en el marco de las actuaciones de la causa 7300/2013 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, se remite vía Cancillería las autoridades jurisdiccionales paraguayas, un exhorto internacional sobre averiguaciones relacionadas a las denuncias presentadas en la querella.

Pedido de imputaciones

Pasado el  plazo procesal y ante la falta de respuesta del Paraguay al exhorto, el abogado querellante presentó el pasado 6 de agosto, al cumplirse un año de la fecha de presentación de la querella, una petición al juzgado para instar la instrucción de la causa penal. En el mismo escrito se procede a identificar a 18 responsables directos, identificados por las propias víctimas que se personan en la presente querella, determinados como responsables por la CVJ, y que se encuentran vivos y residiendo actualmente en libertad, identificando sus domicilios en el caso en que ha sido posible determinar, para concretar querella criminal contra ellos. 

Se trata principalmente de policías que se desempeñaban en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DICP), uno de los principales centros de torturas del país (por el que pasaban los detenidos políticos hasta su posterior derivación), así como miembros de diferentes dependencias, principalmente la Comisaría 3ª y 8ª, centro de detenciones de larga duración donde se mantuvieron detenciones que rondaron los 20 años y que fueron combinadas con recurrentes torturas. 

 Personas denunciadas por crímenes de Lesa Humanidad

1. Héctor García Rey, ciudadano argentino quien se desempeñaba como Jefe de Policía de Córdoba (Argentina). Martín Almada, uno de los querellantes, lo identifica como participante en las torturas a que fue sometido durante su detención.

2. Mateo Estigarribia, fue oficial de la Policía Nacional en la Comisaría 8ª, uno de los centros de detención arbitraria de larga duración y torturas sistemáticas utilizados por la Policía Nacional durante la dictadura. Fue señalado como autor de torturas por diversos testimonios que se ofrecieron a la CVJ.

 3. Juan Luis Distéfano, se desempeñó como Oficial Primero de la Comisaría 8ª de Asunción, centro de detención y torturas. Fue señalado como autor de torturas por diversos testimonios que se ofrecieron a la CVJ.  

4. Julián Ruiz Paredes, fue Subcomisario, Inspector Principal y Jefe de la Sección de Vigilancia y Delitos del DICP. 

Además de la identificación de los querellantes, su nombre se encuentra recogido entre los responsables determinados por la CVJ.

5. Efraín Fretes Colombino, fue Intendente de Santa Rosa (Misiones) y Presidente de la Seccional Colorada de dicha ciudad durante la conocida como “Pascua Dolorosa”, operativo policial y militar que se desplegó en Santa Rosa durante la Semana Santa de 1976 y por el que fueron ejecutadas arbitrariamente decenas de campesinos pertenecientes a las Ligas Agrarias Cristianas.

6. Carlos Ríos Acevedo, vicepresidente de la Seccional del Partido Colorado en Santa Rosa (Misiones).  Al igual que el anterior, participó en la identificación de los campesinos miembros de las Ligas Agrarias Cristianas.

7. Lorenzo Fortunato Laspina Cáceres, fue Policía y se desempeñó como Oficial Primero en el DIPC. Además de la identificación de los querellantes como responsable de las torturas sufridas, su nombre se encuentra recogido entre los responsables determinados por la CVJ. 

8. Obdulio Argüello Brítez, Comisario destinado en el DIPC.  Se lo identifica como uno de los torturadores que administraron sesiones repetidas de torturas a través de palizas, latigazos, picanas eléctricas o inmersiones en la pileta.

9. Alfonso Lovera Cañete. Pasó prácticamente por todos los centros de tortura. En un primer momento se desempeñó como Inspector Principal del DIPC. Posteriormente, fue ascendido a Comisario y estuvo al cargo, como máximo responsable, de la Comisaría 3ª y 8ª, centros de detención donde se cometieron las más graves violaciones de derechos humanos, como hacinamientos en zulos de personas por más de 20 años y torturas sistemáticas. 

10. Gustavo Giménez. Fue Inspector Principal del DICP y Director de Vigilancia y Delitos, donde se señala que participó en torturas. Además, estuvo al mando del allanamiento de la casa de Martín Rolón Centurión, el 4 de abril de 1976, desaparecido desde entonces, y padre de tres de los querellante de esta causa.

11. Francisco Cogliolo. Fue Oficial de Inteligencia de la Policía. Llegó a ascender al rango de Comisario. Es identificado por otros querellantes como participante en procesos de torturas. Además de la identificación de los querellantes, su nombre se encuentra recogido entre los responsables determinados por la CVJ.

12. Wilson Ojeda, fue Oficial Segundo de la Policía. Es igualmente señalado por testimonios de querellantes como participante en procesos de torturas.

13. Ángel Mario Ali. Asesor jurídico del DIPC.  Según testigos, participaba de las sesiones de tortura.

14. Francisco “Tata” Ramírez. Fue Comisario del DIPC y posterior Jefe de Orden Público. Celsa Ramírez, otra de las querellantes, igualmente identifica a “Tata” Ramírez durante su detención en 1976, por tres meses engrillada debajo de unas escaleras del Departamento de Vigilancia y Delitos, estando embarazada, hasta que la trasladaron al Policlínico Rigoberto Caballero para que naciera su hijo Derlis, quien creció en cautiverio junto a su madre hasta 1978.

15. Francisco Valerio Bogado Farruggio. Comisario Inspector, Director de Asuntos Políticos del DIPC entre el año 1974 y 1977.  Los querellantes lo incorporan también como uno de los responsables de torturas según sus identificaciones.

16. Óscar Gómez Villalba. Se desempeñó como médico en la Policía Nacional. Llegó a ser designado con el rango de Comisario. Fue Director del Policlínico Policial “Rigoberto Caballero” e Inspector General de Sanidad.  Según relatan algunos testimonios, participaba en su calidad de médico en los procesos de torturas. Una de las querellantes, Celsa Ramírez, quien se encontraba embarazada de 4 meses, identifica cómo tras su detención el 29 de noviembre de 1975 y traslado al DICP, mientras era torturada estaba presente un médico de nombre Oscar Gómez, quien hizo suspender la tortura después de varias horas. Otro de los querellantes, Santiago Rolón, lo reconoce físicamente como uno de los médicos que fue a visitarlo para comprobar su estado de salud después de las torturas. 

Además de la identificación de los querellantes, su nombre se encuentra recogido entre los responsables determinados por la CVJ.

17. Ramón Saldivar. Fue Comisario del DIPC y Jefe de Vigilancia y Delitos. Los querellantes igualmente lo identifican como responsable de torturas administradas. 

18. Victorino Lobatti. Fue Comisario del DIPC.  Atendiendo al relato de algunos querellantes,  es identificando como participante en procesos de torturas.

FUENTE: Agencia de Información Paraguaya. Secretaria de Información y Comunicación. 
fecha de reutilización de la información pública 17/09/2014.